Este jueves, Alberto Fernández, junto a otros líderes latinoamericanos, se sumó a un comunicado del Grupo de Puebla en apoyo al ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, acusado por financiamiento ilegal de la política. El comunicado cuestiona la persecución a un líder político y acusa una nueva modalidad de Lawfare. La adhesión del presidente argentino generó tensión diplomática en el gobierno chileno de Gabriel Boric.
Consultado por la prensa sobre la postura de Fernández y el comunicado, el presidente Boric deslizó su desacuerdo, afirmando que respeta las instituciones y esperaba lo mismo de sus colegas. El Grupo de Puebla, a través de este comunicado, cuestiona tanto la gestión del ex presidente Sebastián Piñera como la actual etapa de izquierda de Boric.
En respuesta a la firma de Fernández, la canciller chilena Antonia Urrejola calificó las críticas al sistema judicial de su país como absolutamente improcedentes y criticó la injerencia en los asuntos internos. A pesar de esto, aclaró que esto no dañará las relaciones bilaterales con Argentina. La Fiscalía chilena reafirmó en un comunicado que los fiscales actúan con objetividad y profesionalismo, con estricto apego a la constitución y las leyes en un contexto de autonomía e independencia institucional.