La llegada de Gustavo Petro a la presidencia revive la posibilidad de un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia revive la posibilidad de un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la histórica guerrilla de raíces guevaristas que tras la desmovilización de las FARC en 2016 se convirtió en el grupo rebelde más grande del país.
El mandatario electo ha reiterado que a partir del próximo 7 de agosto, cuando se posesione, propondrá un cese del fuego bilateral para destrabar las conversaciones que los dos Gobiernos anteriores ya venían llevando adelante sin mayores resultados.
Lo cierto es que desde hace ya un par de décadas la cúpula de la guerrilla guevarista del ELN se convenció de que ganarle la guerra al Estado colombiano era sencillamente imposible. Un hecho que los empujó a una estrategia de “resistencia armada” marginal, pero que ha seguido afectando con sus ataques a la infraestructura petrolera del país, así como también condicionando la vida de los habitantes de los 180 municipios donde tienen presencia (de los 1.200 totales).
Entre las propuestas del programa del Pacto Histórico de Petro, de izquierda, ya se incluía la creación de «las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con el ELN» que «recoja las lecciones aprendidas del Acuerdo Final de Paz con las FARC».
El panorama sugiere entonces que se abrirá un nuevo capítulo dentro de una serie de acercamientos fallidos que, desde los años 90, han tenido como único propósito llegar a una solución dialogada con una guerrilla que nació en 1963, en pleno apogeo de la Revolución Cubana y los predicados de la Teología de la Liberación.
La salida del presidente Iván Duque cierra una etapa en la que las políticas oficiales dieron prioridad a la vía militar como método de solución del conflicto armado interno. El investigador de la fundación Paz y Reconciliación Luis Eduardo Celis recuerda a Télam que el Gobierno saliente “quiso imponer con el ELN una discusión donde imperaba la unilateralidad”.
Asimismo subraya que, si el mandatario electo cumple con sus promesas de campaña, no debería haber mayores obstáculos en la construcción de un acuerdo: “Se trata de un proyecto de Gobierno que ha prometido incentivar la participación ciudadana; es un Gobierno interesado en las transformaciones económicas y sociales, y en la atención prioritaria de ciertas regiones del país que requieren esfuerzos para construir la paz”.
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El ELN, que tuvo su mayor fortaleza militar en la década de los 80, hoy suma unos 2.350 efectivos (llegó a tener más de 5.000). Se calcula que al menos un 40% de entre ellos se hallan en campamentos instalados en territorio venezolano, un hecho que añade claroscuros de cara a los posibles acercamientos con el Estado y por el que más de un experto en temas de conflicto se refiere hoy a una “guerrilla binacional”.
Informes de inteligencia en Colombia señalan que parte de la comandancia guerrillera opera desde hace años en el fronterizo estado venezolano de Apure, presuntamente bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro.
El sociólogo Eduardo Pizarro explica a Télam que sectores del Gobierno venezolano han respaldado incluso la expansión hacia su territorio: “En documentos internos de la insurgencia se habla de una ‘línea de contención’ contra una eventual invasión terrestre estadounidense a Venezuela a través de la frontera colombiana”.
Pero tras el evidente fracaso del proyecto regional bolivariano, la guerrilla del ELN ha perdido la último ficha geoestratégica a la que se aferraba.
La pregunta que surge es, ¿qué papel juega entonces? El investigador Luis Fernando Celis responde a Télam : “En general son una agrupación marginal, pero en las zonas donde están, siguen cumpliendo las tareas básicas de un Estado paralelo: se encargan de la seguridad de las poblaciones, recogen la tributación, e imparten justicia de forma ilegal”.
También tienen su cuota en el negocio del narcotráfico.
Y han asumido la autoría de numerosos atentados contra la población civil y las fuerzas de seguridad. El más sonoro, quizás, ejecutado en enero de 2019 con un coche bomba que dejó 23 muertos y más de 70 heridos en la escuela de cadetes General Santander, al sur de Bogotá.
Este incidente, de hecho, arrastró al Gobierno de Duque a romper los diálogos de paz que había heredado de la administración de Juan Manuel Santos y que se llevaban adelante por entonces en La Habana, Cuba.
Duque reactivó de inmediato las órdenes de captura contra los jefes «elenos», pero parte del equipo negociador insurgente ha permanecido desde entonces en Cuba en una suerte de limbo jurídico que ha levantado todo tipo de protestas desde la Cancillería en Bogotá.
Pese a los reiterados pedidos de Colombia, las autoridades cubanas han dilatado el proceso bajo el argumento de que como anfitriones de los diálogos solo entregarían a los guerrilleros con la garantía de que podrían regresar a sus campamentos. Un embrollo que ha quedado en suspenso.
Entre tanto, cabecillas del Comando Central con un largo rosario de procesos judiciales y condenas pendientes, y pedidos de extradición a Estados Unidos, como el comandante histórico Nicolás Rodríguez Bautista, mejor conocido con el alias de guerra de Gabino, o Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, aguardan a resolver su suerte en La Habana.
Una coyuntura de doble filo para la organización, como lo refleja un documento publicado por El Tiempo de Bogotá en febrero del año pasado, donde se evidenciaban las fracturas internas ocasionadas por el alejamiento de la cúpula de sus bases, la división con las tropas en Venezuela y el efecto del narcotráfico sobre la “conciencia revolucionaria” de algunos comandantes.
Para el politólogo Álvaro Villarraga, queda claro que el momento histórico y político es inédito: “Las personas que creemos en la paz estamos de celebración”, asegura el también exmiembro del Ejército Popular de Liberación, otra guerrilla desmovilizada a principios de los 90.
Y continúa: “El programa del Pacto Histórico coincide, y yo creo que va más allá, de lo que pide el ELN. Hay una voluntad por cambiar el modelo económico extractivo. Hay una intención clara de adelantar medidas redistributivas con una tributación progresiva. Hay un claro compromiso con una reforma rural. Son unas circunstancias nuevas y con un presidente progresista y que no proviene de las élites”.
Ya hay un trecho del camino adelantado por dos Gobiernos anteriores en la parte programática. Y el informe final de la institucional Comisión de la Verdad para esclarecer las causas del conflicto, publicado después de casi cuatro años de trabajo la semana pasada, insta al Estado colombiano a insistir en el diálogo con el ELN de cara a una paz completa y duradera.
Eduardo Pizarro coincide. Para el analista existen buenas señales que lo hacen meditar sobre un posible y pronto silenciamiento de los fusiles: “La llegada de un Gobierno progresista, y la anunciada reapertura de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas va a ser muy importante porque supone un gran obstáculo para que la guerrilla siga actuando desde el otro lado de la frontera”.
El sociólogo traza paralelos con lo ocurrido en el caso de la agrupación separatista vasca ETA: “En el 2007 el Gobierno francés decide terminar con el santuario ‘etarra’, que se movía a su acomodo en las tres provincias del País Vasco francés. Relanza la colaboración antiterrorista con España y, en 2012, ETA comienza el proceso de renuncia a la lucha armada”.
Y concluye: “Yo creo que en Colombia se están dando unos hechos muy similares a lo que ocurrió allí”.