El Senado se prepara para una jornada crucial este viernes, donde se definirá el futuro del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para la administración de Javier Milei. Tras obtener media sanción en Diputados, el oficialismo busca asegurar su aprobación definitiva en la Cámara Alta, aunque enfrenta negociaciones intensas y puntos de conflicto que podrían obligar al retorno de los proyectos a la cámara de origen.
Uno de los artículos más controvertidos del Presupuesto es el número 30, que propone la eliminación de los pisos de financiamiento para áreas sensibles como la ciencia y la educación. Esta medida ha generado fuerte resistencia, especialmente entre legisladores radicales, quienes advierten sobre las consecuencias de reducir la inversión en estos sectores. La posibilidad de que este artículo sea rechazado en el Senado es alta, lo que implicaría una modificación del texto y su consecuente vuelta a Diputados, escenario que el Gobierno busca evitar a toda costa.
Además, la ley de Inocencia Fiscal también presenta tensiones, particularmente en lo referente al incremento de multas por incumplimientos impositivos. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una «solución» a través de la reglamentación para suavizar el impacto en pymes, el proyecto aún genera debate. Paralelamente, los gobernadores de Provincias Unidas, entre ellos Ignacio Torres y Martín Llaryora, presionan por el pago de deudas nacionales relacionadas con las cajas previsionales, amenazando con abstenerse en la votación si no se alcanzan acuerdos. La senadora cordobesa Alejandra Vigo destacó la magnitud de estas deudas, señalando que a su provincia se le adeudan alrededor de 690.000 millones de pesos.
El Gobierno, que cuenta con 20 senadores propios y espera el apoyo de aliados como la UCR y el PRO para la votación general, se juega en esta sesión la capacidad de mostrar control legislativo ante el mercado. La jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lidera las negociaciones contrarreloj, buscando evitar cualquier traspié que demore la sanción de estas leyes fundamentales para el inicio de la gestión.