La tensión entre las administraciones provinciales ha alcanzado un punto crítico con la decisión de bloquear el tránsito hacia uno de los yacimientos de cobre y oro más prometedores de la región. El epicentro de la disputa se encuentra en el uso de la infraestructura vial de La Rioja por parte de empresas que operan en territorio sanjuanino. Ricardo Quintela ha endurecido su postura, argumentando que su provincia ha facilitado la logística y los caminos durante décadas sin recibir una contraprestación económica justa por el desgaste y el impacto ambiental generado en su suelo.
El trasfondo de este enfrentamiento no es meramente logístico, sino profundamente territorial y financiero. Ricardo Quintela sostiene que los acuerdos limítrofes vigentes carecen de legitimidad por haber sido establecidos en periodos no democráticos, lo que ha llevado a su gestión a reclamar incluso la soberanía sobre la zona donde se asienta el proyecto Josemaría. Ante la falta de avances en las negociaciones por regalías y empleo compartido, la justicia riojana ha dictado medidas que suspenden la circulación por las rutas que conectan con la mina, afectando de manera directa el cronograma de construcción y operatividad del megaproyecto.
Esta determinación ha generado una fuerte reacción en San Juan, donde las autoridades defienden la jurisdicción total sobre el recurso natural. Sin embargo, para la gestión de Ricardo Quintela, la situación actual es insostenible: mientras una provincia capitaliza las inversiones y los puestos de trabajo, la otra debe lidiar con el tránsito pesado y los costos de mantenimiento de los corredores viales sin participar de los beneficios. El bloqueo se presenta así como una herramienta de presión extrema para forzar una redistribución de la renta minera en un contexto de creciente necesidad de recursos para las arcas riojanas.