El sistema de salud para la tercera edad se encuentra en el centro del debate público tras las polémicas definiciones de Mario Lugones. El funcionario puso la lupa sobre la composición demográfica de la mayor obra social del país, señalando que la alta proporción de afiliados que superan los ochenta años representa un desafío financiero casi inasumible en el esquema actual. Según su visión, el organismo debe gestionar una demanda de prestaciones de altísima complejidad que se concentra en este segmento etario, lo que tensa al límite los recursos disponibles y complica la operatividad cotidiana de la entidad.
Durante su intervención en un foro empresarial, Lugones fue contundente al dimensionar el escenario: «PAMI tiene una carga muy grande» debido a que cuenta con aproximadamente un millón de personas que superan las ocho décadas de vida, además de unos seis mil beneficiarios que ya pasaron los cien años. Para el responsable de la cartera sanitaria, esta realidad estructural explica gran parte de las dificultades que atraviesa el sistema, vinculando directamente el envejecimiento de la población afiliada con la presión económica que sufre la caja estatal.
Esta postura oficial llega en un momento de fuerte tensión con los prestadores de salud, quienes denuncian demoras en los pagos y dificultades para garantizar el suministro de medicamentos y la atención en clínicas. Mientras el sector privado advierte sobre una posible parálisis, Lugones intentó llevar tranquilidad asegurando que los fondos para regularizar las deudas están llegando. No obstante, sus declaraciones sobre la «carga» que representan los adultos mayores han generado un clima de incertidumbre sobre cómo planea el Gobierno resolver el desfasaje financiero sin afectar los derechos de los jubilados más vulnerables.