Tras un primer período legislativo extraordinario que concluyó con la aprobación del presupuesto, la administración actual ya ha puesto en marcha las gestiones para impulsar una crucial modificación en la normativa laboral. El objetivo es lograr su sanción definitiva durante el próximo mes de febrero, antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Desde el oficialismo, se percibe un ambiente de optimismo respecto a la posibilidad de que esta propuesta, con algunas adaptaciones, obtenga el respaldo necesario.
La estrategia oficialista se articula a través de un equipo de negociación clave. Martín Menem, quien lidera la Cámara de Diputados, se encargará de las conversaciones con los legisladores aliados, buscando limar asperezas y asegurar los votos. Por su parte, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se enfoca en cerrar acuerdos con los bloques considerados «dialoguistas». El ministro del Interior también retomará el diálogo con los gobernadores, iniciando su agenda veraniega con una visita a San Luis. La meta es que las modificaciones se definan en el Senado para que el proyecto pueda ser aprobado sin demoras en Diputados.
Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Diversos sectores, incluyendo aliados tradicionales como el PRO y los radicales, han manifestado la necesidad de introducir ajustes al proyecto original. Las objeciones se centran en aspectos que, según algunos legisladores, exceden el marco de una reforma laboral, como la posible derogación de normativas específicas o la eliminación de fondos para ciertas instituciones. A pesar de estas disidencias, existe una clara intención de que el texto final sea aprobado en la Cámara de Diputados sin necesidad de regresar al Senado, lo que permitiría cumplir con el cronograma establecido para el próximo mes.