Una fuerte tensión diplomática ha surgido entre España y Estados Unidos a raíz de la negativa del gobierno español a permitir el uso de sus bases militares para los recientes ataques contra Irán. Esta decisión, que se enmarca en la postura de «no a la guerra» de Madrid, ha provocado una airada reacción por parte de la administración estadounidense, elevando el tono de la confrontación a niveles inusuales entre aliados. El gobierno español ha justificado su postura argumentando que la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel «contribuye a un orden internacional más incierto y hostil» y que no se alinea con la Carta de las Naciones Unidas.
La negativa española a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera para operaciones militares en el conflicto iraní fue recibida con un fuerte reproche desde Washington. El presidente estadounidense expresó su descontento, calificando el comportamiento de España como «terrible» y lamentando que no hubiera sido «amistoso» con su país. En un tono desafiante, el mandatario estadounidense advirtió que, si lo desearan, podrían utilizar las bases sin permiso, afirmando: «Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos».
La escalada verbal no se detuvo ahí, ya que el presidente estadounidense fue más allá, amenazando con graves repercusiones económicas. «Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo el comercio», sentenció. Ante estas declaraciones, el presidente del Gobierno español respondió con firmeza, declarando: «No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno». Recordó, además, la experiencia de la guerra de Irak en 2003, que, según sus palabras, «arrastró» a España y desencadenó una gran inestabilidad en Europa.
El gobierno español ha reiterado que cumple con sus compromisos internacionales, incluyendo los de la OTAN, y que la utilización de sus bases militares debe enmarcarse siempre dentro de la legalidad internacional y los acuerdos existentes. El ministro de Asuntos Exteriores español enfatizó que «España tiene la última palabra» en esta cuestión, subrayando que no se prestarán las bases para acciones que no estén contempladas en los tratados o que no encajen en la Carta de la ONU.