Una profunda crisis sacude a la Unidad de Información Financiera (UIF) tras la renuncia de su titular, Paul Starc, y de gran parte de su equipo directivo. La decisión se produce en medio de fuertes presiones ejercidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quienes buscaban una rápida reglamentación de la ley de «Inocencia Fiscal». Esta normativa, impulsada por el gobierno para incentivar el ingreso de dólares al sistema, ha generado un conflicto directo con las leyes antilavado vigentes.
Starc y su equipo se negaron a ceder ante las exigencias, argumentando que la ley de «Inocencia Fiscal» colisiona con la legislación de prevención de lavado de activos y podría ser inconstitucional. Fuentes cercanas al organismo señalaron que modificar las resoluciones en ese sentido expondría a la Argentina a un escrutinio desfavorable por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo clave en la lucha contra el lavado de dinero. La preocupación era que el país pudiera ser incluido en la «lista gris», lo que acarrearía serias consecuencias económicas y reputacionales.
La tensión escaló rápidamente, con Caputo y Bausili acusando a Starc de demorar intencionalmente la adecuación de las normas antilavado. La «Inocencia Fiscal» fue promulgada a principios de enero, pero su implementación efectiva se vio frenada por la falta de reglamentación por parte de la UIF y la AFIP. Esta situación también generó inquietud en el sector bancario, que solicitó reuniones urgentes para aclarar cómo proceder, ya que las normativas antilavado actuales los obligan a reportar operaciones sospechosas, incluso aquellas que la nueva ley busca facilitar.
La renuncia masiva de los directores de litigios penales, coordinación internacional, análisis, despacho y administración, junto con la de Starc, deja a la UIF en una situación delicada. El gobierno ya anunció a Ernesto Gaspari, con experiencia en el Grupo Macri, como el reemplazante de Starc. La salida del equipo se produce en un momento crítico, previo a un plenario del Grupo Egmont y una revisión del GAFI, lo que podría agravar la posición de Argentina en el ámbito internacional de control financiero.