El fiscal Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación de los incendios en la Patagonia, ha generado un fuerte contraste con la postura sostenida por el gobierno nacional. Desde Lago Puelo, el funcionario judicial desestimó categóricamente cualquier vinculación de grupos mapuches con el origen de los siniestros, una hipótesis que había sido reiteradamente planteada por altas esferas del Ejecutivo. Díaz Mayer afirmó que la posibilidad de una acción coordinada por parte de estas comunidades está «totalmente descartado eso. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos», y añadió que «se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa».
Esta tajante desmentida judicial llega después de que el Ministerio de Seguridad, a través de un comunicado en redes sociales, sugiriera que «los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental». A pesar de las palabras del fiscal, la ministra Patricia Bullrich insistió públicamente en esta línea, declarando que «si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas».
Sin embargo, la investigación judicial, según Díaz Mayer, se orienta hacia una causa intencional, pero no organizada ni ligada a intereses inmobiliarios. El fiscal reveló que se encontraron materiales acelerantes en los puntos de inicio de algunos focos, sugiriendo la acción de un individuo. La justicia, por el momento, no ha encontrado pruebas que respalden la narrativa oficial que apunta a una conspiración o terrorismo ambiental por parte de comunidades originarias, manteniendo una distancia clara entre las afirmaciones políticas y los hallazgos de la pesquisa.