El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de vetar la ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que había sido aprobado por el Congreso el pasado 12 de septiembre. Esta medida fue anunciada oficialmente a través del Boletín Oficial y se ejecutó horas después de una masiva marcha que reunió a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios en la Ciudad de Buenos Aires, quienes se manifestaron en repudio al veto. En un comunicado previo, la Oficina del Presidente había anticipado esta acción, argumentando que el proyecto representaba un aumento irresponsable del gasto público sin una fuente de financiamiento clara.
El veto se formalizó mediante el Decreto 879/2024, donde el gobierno justifica su decisión al afirmar que el proyecto violaba el marco jurídico vigente al no considerar el impacto fiscal de las modificaciones propuestas. En particular, se destacó que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos de funcionamiento y salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales. Esto se alinea con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que todo proyecto que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe indicar cómo se financiará.
A pesar de la oposición de los sectores educativos, el gobierno defendió su posición, alegando que los legisladores deben actuar con responsabilidad y no usar recursos públicos de manera populista. En este contexto, se enfatizó que el debate sobre el financiamiento de las universidades debería realizarse durante la discusión del Presupuesto Nacional 2025. Además, el gobierno criticó la presencia de varios referentes políticos que participaron en la marcha, sugiriendo que su unión en defensa de la educación pública formaba parte de un nuevo frente populista que busca obstruir su agenda económica.
La marcha, que se llevó a cabo en diferentes ciudades del país, tuvo su punto culminante frente al Congreso, donde se leyó un documento que denunciaba la crisis del financiamiento universitario y otros problemas que enfrentan las instituciones educativas. A través de esta movilización, los participantes reafirmaron la importancia de la educación pública como pilar de la democracia y el desarrollo social, y exigieron la revocación del veto sobre la ley de financiamiento universitario.