El Gobierno nacional se prepara para presentar el Presupuesto 2026 en un contexto de tensiones políticas con la oposición y los gobernadores, quienes han aprobado proyectos de ley que implican un aumento significativo del gasto público. Según fuentes oficiales, el próximo año se planteará nuevamente un superávit fiscal, pero las iniciativas impulsadas desde el Congreso podrían requerir un ajuste adicional cercano al 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
El proyecto, que será presentado en cadena nacional por el presidente Javier Milei, busca establecer una «regla fiscal» para garantizar el superávit, similar a la propuesta del año anterior. Esta regla contempla techos de gasto y deja fuera de la discrecionalidad las jubilaciones, que continuarán ajustándose mensualmente según la inflación. Sin embargo, la aprobación de leyes como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el impuesto a los combustibles y la emergencia sanitaria por el Hospital Garrahan, suman presiones fiscales que complican el cumplimiento de las metas.
El equipo económico trabaja en la definición de variables clave como el dólar, la inflación y el crecimiento del PBI, mientras negocia con la Jefatura de Gabinete para cerrar el texto final. La consultora Macroview estima que estas nuevas leyes implican un gasto adicional de 0,85% del PBI para 2026, lo que obligaría a un mayor recorte en partidas no automáticas, como programas sociales y subsidios, para mantener el equilibrio fiscal.
Fundación Mediterránea advirtió que, para cumplir con la meta de un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, el gasto no automático debería reducirse un 12% real en los últimos meses del año. Además, el ajuste se concentra en subsidios a la energía y transferencias a empresas públicas, que ya registraron caídas significativas en los primeros siete meses. Este escenario fiscal desafiante se presenta en medio de la necesidad de recomponer vínculos políticos y enfrentar las elecciones legislativas nacionales.