El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso. Sin embargo, la aplicación de esta ley quedó suspendida hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y las incluya en el presupuesto nacional, según lo establecido en el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión responde al impacto fiscal que la implementación de la ley implicaría para las cuentas públicas, ya que se estima un gasto total superior a los 3 billones de pesos para los años 2025 y 2026, equivalente a un 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI).
El Ejecutivo argumenta que el presupuesto vigente no cuenta con créditos suficientes para afrontar la puesta en marcha de la ley y que incluso destinando todos los recursos disponibles no se cubriría el costo total. Además, señala que la facultad del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta ni suficiente para financiar esta emergencia. Por ello, insiste en que es imprescindible que el Congreso autorice un aumento presupuestario específico para garantizar la sostenibilidad del régimen de atención a personas con discapacidad.
A pesar de la suspensión de la aplicación, el Gobierno decidió realizar una modificación presupuestaria para reforzar la financiación destinada a la atención de personas con discapacidad a partir del 1° de octubre. Esta medida busca responder a los reclamos de actualización de los prestadores del sistema y se traduce en un incremento de fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras se reduce la partida destinada a obligaciones generales del Estado. La promulgación de la ley fue comunicada formalmente al Congreso, quedando a la espera de que se adopten las medidas presupuestarias necesarias para su efectiva implementación.