Javier Milei firmó el veto total a la ley de jubilaciones que había sido aprobada por el Congreso, en una decisión que ha generado un gran revuelo político en Argentina. La medida fue rubricada en la noche del viernes, poco antes de que expirara el plazo reglamentario para hacerlo. En la justificación del veto, el Presidente argumentó que la ley representaría un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo en riesgo el superávit y el plan económico en general. Se espera que el decreto que oficializa esta decisión sea publicado en el Boletín Oficial.
La decisión de Milei se produjo tras una reunión en la Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza y aliados, donde se estableció una hoja de ruta legislativa. En el decreto, se señala que la ley es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente», ya que no considera el impacto fiscal de la medida ni establece la fuente de financiamiento. El Presidente instó al Poder Legislativo a actuar con responsabilidad y a no emitir disposiciones que pongan en peligro las cuentas públicas, enfatizando que el presupuesto nacional no contempla partidas que permitan cubrir el gasto que la ley implicaría.
Las cifras que acompañan la medida son alarmantes: el impacto estimado de la ley ascendería a más de seis billones de pesos para el año 2024, lo que equivaldría a un 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Además, se prevé que el gasto previsional aumentaría significativamente, lo que complicaría aún más el cumplimiento de las metas fiscales del Gobierno. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde Milei ha prometido evitar la emisión monetaria y mantener un déficit cero.
A pesar de que algunos legisladores habían apoyado inicialmente la ley, en esta ocasión se comprometieron a respaldar el veto del Presidente. Sin embargo, la situación ha expuesto las divisiones internas y desafíos que enfrenta el Gobierno para asegurar una mayoría en el Congreso. La decisión de Milei no solo podría tener un impacto significativo en su relación con los jubilados, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de su administración y su capacidad para manejar las presiones políticas que se avecinan.