La oposición en la Cámara de Diputados avanza con firmeza en la presentación de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debido a la falta de aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso. Este mecanismo constitucional, previsto en el artículo 101 de la Reforma de 1994, permite interpelar y eventualmente destituir a funcionarios del Poder Ejecutivo. La iniciativa busca que Francos explique ante el Parlamento cómo piensa implementar la ley y, de no presentar una solución concreta, se procederá a votar su remoción.
Para la próxima sesión, la oposición planea incluir un pedido para que la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, dictamine la interpelación. Con ese respaldo, se podrá convocar formalmente a Francos para que rinda cuentas. La oposición sostiene que la negativa a aplicar una ley sancionada por el Congreso sienta un precedente peligroso y que no puede ser tolerado. Sin embargo, algunos sectores advierten que la interpelación debe usarse con cautela para evitar que el oficialismo se victimice y acuse a la oposición de intentar un golpe político.
En tanto, el oficialismo argumenta que la ley carece de una fuente de financiamiento específica, aunque la oposición señala que en otras leyes impulsadas por el Gobierno tampoco se detallan los recursos y se delega en el jefe de Gabinete la reasignación presupuestaria. Francos, por su parte, se mostró dispuesto a presentarse ante el Congreso y reconoció que podría ser el primer funcionario en ser censurado mediante este procedimiento, lo que marca un momento inédito en la política argentina.
Este escenario refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y la oposición en un contexto donde la gobernabilidad y la aplicación de políticas sociales clave están en el centro del debate parlamentario. La moción de censura se perfila como un instrumento político que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Congreso y el Gobierno.