El Congreso Nacional se prepara para una intensa semana legislativa, con el oficialismo impulsando dos iniciativas clave que delinean el ritmo de su agenda. Mientras la Cámara de Diputados se alista para debatir la reforma del régimen penal juvenil, la discusión sobre la reforma laboral en el mismo recinto enfrenta obstáculos que podrían postergar su tratamiento hasta el próximo mes.
En lo que respecta al régimen penal juvenil, se ha convocado a una sesión para el próximo jueves en la Cámara Baja, precedida por un plenario de comisiones el miércoles para la firma del dictamen. Este proyecto, que busca modificar la edad de imputabilidad, ha logrado un consenso entre el oficialismo y bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal, estableciendo el límite en los 14 años. La propuesta también contempla una reducción de la pena máxima a 15 años para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, priorizando las penas alternativas a la privación de libertad, como tareas comunitarias o prohibiciones de acercamiento a las víctimas. Además, se prevé la creación de institutos especializados para menores condenados, garantizando educación, atención médica y tratamiento de adicciones, con personal capacitado y la prohibición de convivencia con adultos. Un aspecto crucial para las provincias, que reclamaban por los costos asociados, es el compromiso de la Nación para establecer convenios que salden la diferencia presupuestaria. Aliados del gobierno expresaron confianza en la aprobación: «El año pasado sacaron el dictámen de mayoría cuando eran minoría, ahora que son la primera mayoría todo indica que será más fácil».
Sin embargo, el camino para la reforma laboral en Diputados se presenta más complejo. A pesar de que se espera que el Senado la trate la próxima semana, los tiempos reglamentarios y los feriados de Carnaval complican su llegada al recinto de la Cámara Baja antes de marzo. Los jefes de bloque opositores ya habrían advertido sobre la imposibilidad de cumplir con los plazos, dado que el dictamen debe firmarse diez días antes del vencimiento del período de sesiones extraordinarias, fijado para el 27 de febrero. La logística de recibir el texto del Senado y la ausencia de legisladores provinciales durante los feriados hacen inviable el cronograma propuesto inicialmente. Esto podría obligar al Poder Ejecutivo a extender las sesiones extraordinarias por decreto o, más probablemente, a posponer el debate hasta el inicio del período ordinario.
La situación genera un escenario de incertidumbre para la reforma laboral, que podría ver demorado su tratamiento, a pesar del interés del gobierno en acelerar su aprobación. La oposición, por su parte, ya ha manifestado que «ni reforma laboral ni Ley de Glaciares llegan a extraordinarias porque no dan los tiempos», anticipando que cualquier texto proveniente del Senado será revisado y modificado en Diputados, lo que implicaría su regreso a la Cámara Alta y una extensión aún mayor del proceso legislativo.