Un nuevo capítulo se abre en el escándalo que vincula a figuras políticas con el presunto uso indebido de información sensible. En el municipio de Tres Arroyos, se ha presentado una denuncia penal solicitando una investigación sobre el posible acceso ilegítimo y la revelación de datos personales de individuos con discapacidad. La acusación apunta a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección electoral, quienes habrían utilizado el padrón de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con fines proselitistas durante la campaña legislativa de 2025.
La controversia surgió a raíz de la filtración de conversaciones de un grupo de WhatsApp de LLA, donde la concejal bahiense Franca Grippo Harrington, reconocida por su cercanía a Sebastián Pareja, habría propuesto la utilización del padrón del programa Incluir Salud para «hacer territorio». En dichos mensajes, Grippo reconoció que la información era «reservada» y que le había sido entregada en formato físico, con la intención de distribuirla en la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, admitiendo que «no quieren que ande circulando».
La denuncia, formulada por el massista Pablo Garate y la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, busca esclarecer si hubo distribución y uso político de estos datos confidenciales. Elgart enfatizó la gravedad de la situación, contrastándola con el difícil momento que atravesaban muchas personas con discapacidad: «Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo».
Además de este incidente, Grippo Harrington, quien también encabeza la lista de concejales de LLA en Bahía Blanca y es delegada de la Sociedad Rural Argentina, mantiene influencia sobre oficinas de PAMI y ANSES en la región. En este contexto, se le atribuye haber sugerido a referentes locales la posibilidad de incorporar personal en ANSES a través de una empresa de limpieza, con la intención de «capitalizar esto nosotros», según las filtraciones. Esta serie de eventos subraya una preocupante intersección entre la gestión de datos sensibles, la política y el acceso a servicios públicos.