El gobierno nacional confirmó que no aplicará la ley de emergencia en discapacidad, generando un fuerte rechazo y cuestionamientos por parte de la oposición y diversos sectores políticos. La justificación oficial, que atribuye la falta de implementación a que los legisladores no especificaron de dónde saldrán los fondos para cubrir los aumentos previstos, resulta insólita y contradictoria. En rigor, es el Poder Ejecutivo quien debe cumplir con la ley y gestionar el origen de los recursos, tal como lo hace habitualmente con todos los cambios fiscales y presupuestarios que impulsa.
Cada vez que el gobierno elimina impuestos o reasigna partidas presupuestarias a distintas áreas, no es el Congreso quien determina de dónde se obtienen esos fondos, sino que es el Ejecutivo el responsable de administrar y ajustar las cuentas públicas. Por eso, intentar trasladar la responsabilidad a los legisladores para justificar el incumplimiento de una ley vigente es una maniobra absurda y una mentira que busca evadir la obligación de hacer cumplir la normativa.
Ante esta situación, la oposición presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusándolo de incumplir con su deber constitucional de respetar las leyes aprobadas por el Congreso. La iniciativa busca su interpelación y, eventualmente, su remoción, amparándose en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Sin embargo, desde el oficialismo califican esta medida como una maniobra electoralista y confían en que no prosperará, especialmente porque Francos mantiene diálogo abierto con los gobernadores, quienes podrían no apoyar su destitución.
Francos, por su parte, se mostró dispuesto a asistir a la interpelación y a debatir con los legisladores, asegurando que no teme a la discusión y que cumplirá con los procedimientos constitucionales. A pesar de ello, la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo pone en evidencia un problema grave de gobernabilidad y respeto a las leyes en un momento político y económico delicado para el país.
En definitiva, la negativa del gobierno a aplicar una ley aprobada y publicada, bajo argumentos que no se sostienen frente a la práctica habitual del Ejecutivo, abre un debate profundo sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de que el Estado actúe con coherencia y transparencia frente a sus obligaciones legales.