Un diputado del PRO, Álvaro González, ha anunciado que votará en contra del veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, lo que complica los planes del gobierno de Javier Milei para mantener su decisión. González, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, criticó al ejecutivo, afirmando que «se aferra a un dogma, como el déficit cero, en lugar de resolver una situación». Su postura es significativa, dado que otros legisladores del mismo partido también están considerando votar en contra del veto, lo que podría alterar la dinámica prevista por la Casa Rosada.

La ley, que fue aprobada por la Cámara de Diputados en agosto con un apoyo considerable, busca declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario y garantizar el financiamiento adecuado frente a la inflación. En respuesta al veto presidencial, varios bloques opositores, incluyendo Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical, han solicitado una sesión especial para el 9 de octubre con el objetivo de rechazar el decreto de Milei. Para que esto ocurra, necesitarán reunir dos tercios de los presentes en la Cámara Baja, lo que dependerá en gran medida de la posición del PRO.

González ha expresado su firme apoyo a la educación pública, destacando que «el acceso al conocimiento es la oportunidad que tienen los más vulnerables para salir de esa situación». En el contexto de la reciente marcha universitaria, se observa un creciente descontento hacia la postura del gobierno respecto al financiamiento universitario. Esta situación ha llevado a otros diputados, como Alejandro Finocchiaro, a insinuar que mantendrán su oposición al veto, sugiriendo que el Congreso debe evitar aprobar proyectos que no aclaren su sostenibilidad fiscal.

La controversia se enmarca en un clima político tenso, donde la figura de Javier Milei y su administración enfrenta críticas tanto desde la oposición como desde dentro de su propio partido. El ex presidente Mauricio Macri se ha reunido con senadores del PRO para discutir la estrategia a seguir en el Congreso, mientras se preparan para una posible confrontación sobre el veto a la ley de financiamiento universitario. La situación se presenta como un nuevo desafío para el gobierno en medio de una creciente presión social y política.