El presidente Javier Milei ratificó su postura de veto a dos proyectos clave que buscaban atender necesidades urgentes en sectores sensibles, a pesar del claro mensaje que dejaron las urnas en las recientes elecciones. Primero, rechazó la ley de financiamiento universitario, que proponía actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y reabrir las paritarias del sector docente y no docente. Luego, ampliando esta misma línea al vetar la ley de emergencia en pediatría, una iniciativa que pretendía garantizar una recomposición salarial para el personal de salud y un aumento presupuestario para el Hospital Garrahan y otros centros pediátricos.
Desde el Gobierno, se argumenta que ambos proyectos implican un costo fiscal insostenible que pondría en riesgo la estabilidad económica y el superávit fiscal, piedra angular del plan económico oficial. En el caso de la emergencia pediátrica, se destacó que la ley carecía de un financiamiento genuino y que su implementación podría generar distorsiones salariales en el sistema sanitario, además de afectar la coparticipación federal y las finanzas provinciales. El veto fue publicado en el Boletín Oficial y enviado al Congreso para su tratamiento, donde la oposición evalúa convocar a una sesión especial para intentar revertir la decisión.
Estas generan un fuerte rechazo en sectores sociales y políticos que consideran prioritario atender las demandas de salud y educación, especialmente en un contexto donde el Hospital Garrahan y las medidas de las universidades nacionales enfrentan serias dificultades presupuestarias y laborales. La decisión presidencial, que prioriza la contención fiscal sobre estas urgencias, abre un nuevo capítulo de tensión política y social, en un momento en que la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobernadores se encuentra especialmente delicada.