Un empresario vinculado a la promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, y cercano al actual gobierno, ha sido imputado por presunto lavado de dinero. La investigación judicial se centra en Guillermo Tofoni y en el inversor Foster Gillet, en relación con operaciones financieras que involucran al club Estudiantes de La Plata, presidido por Juan Sebastián Verón. Este desarrollo ocurre en un momento en que la administración nacional impulsa cambios en la estructura del fútbol local.
La causa, a cargo del fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y el juez Marcelo Aguinsky, surge de una denuncia previa del fiscal Guillermo Marijuán. Tofoni, quien ha sido un activo promotor de las SADs y un nexo entre el gobierno y el ámbito deportivo, fue quien facilitó el acercamiento entre el multimillonario Foster Gillet y la dirigencia de Estudiantes. Gillet había prometido inyecciones de capital significativas para el club platense, e incluso concretó la compra del mediocampista Cristian Medina de Boca Juniors por una suma considerable, cediéndolo luego a Estudiantes como una muestra de su compromiso.
Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando otras operaciones de pases, como las de Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, no se concretaron. Posteriormente, Gillet se ausentó sin cumplir con los acuerdos pactados con Estudiantes, dejando al club con una carga salarial elevada. Esta situación no solo afectó a la institución platense, sino que también generó un freno en el proyecto de las SADs impulsado por el gobierno. Ante este escenario, la justicia ha ordenado el levantamiento del secreto fiscal de Foster y Tofoni, así como el secreto bancario de los clubes Boca y Estudiantes, en busca de esclarecer las transacciones.