La reforma laboral impulsada por el gobierno ha generado un intenso debate, especialmente en torno a un artículo que modifica las condiciones de las licencias por enfermedad o accidente. Este punto, que fue incorporado a último momento en el texto, ha provocado un cambio de postura en el bloque de Provincias Unidas, que, tras haberlo apoyado en el Senado, ahora manifiesta su reticencia a votarlo en la Cámara de Diputados.
La medida propone una reducción significativa en el porcentaje del salario percibido y en la duración de las licencias. Ahora, en casos de enfermedad o accidentes no relacionados con el ámbito laboral, el trabajador percibiría el 75% de su remuneración si la imposibilidad de trabajar no deriva de una acción voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud. Si, por el contrario, la lesión o enfermedad fuera consecuencia de una actividad de riesgo asumida voluntariamente, la cobertura se reduciría al 50% del sueldo. Estos nuevos porcentajes se aplicarían por un máximo de 3 a 6 meses, dependiendo de las cargas de familia, en contraste con el 100% del salario por hasta 12 meses que regía anteriormente. La inclusión de esta modificación generó sorpresa incluso entre los ideólogos iniciales de la reforma. Un abogado laboralista, Julián de Diego, expresó su asombro, señalando: «No sé con quién hubo negociaciones por este tema porque salió como un fantasma». Aunque nadie en el gobierno se atribuye la autoría, Federico Sturzenegger defendió la medida, argumentando que busca «la reducción de las licencias eternas». Sin embargo, la explicación de Sturzenegger, que ejemplificó con una lesión deportiva, catapultó el tema a la agenda pública y generó críticas generalizadas, incluso dentro de los círculos cercanos al oficialismo, donde se reconoce que «se mandó una de más».
Ante este escenario, el gobierno se prepara para una batalla legal, anticipando que la reforma laboral enfrentará múltiples impugnaciones judiciales que, según sus proyecciones, podrían llegar hasta la Corte Suprema. Un equipo legal, coordinado por la Secretaría de Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro Nacional y el Ministerio de Justicia, trabaja en una estrategia para «blindar» la norma. Además del artículo sobre licencias, otros puntos conflictivos incluyen la prevalencia de convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad y la redefinición del cálculo de indemnizaciones.
La preocupación en el oficialismo es palpable, ya que la controversia en torno a las licencias podría desincentivar el apoyo de bloques «dialoguistas» en Diputados. Si un solo título del proyecto es rechazado o modificado, el texto deberá regresar al Senado, lo que demoraría su sanción definitiva. La Cámara de Diputados se perfila como el escenario clave donde se definirá el futuro de esta reforma, con Provincias Unidas y otros sectores opositores marcando claras diferencias, especialmente en este punto tan sensible para los trabajadores.