En una maniobra que busca frenar el desgaste político, el Gobierno ha decidido ratificar su confianza en Manuel Adorni a través de una reunión de gabinete que funciona más como un escudo que como una instancia de trabajo. El jefe de gabinete se encuentra en el ojo de la tormenta tras la aparición de pruebas que comprometen su situación patrimonial, incluyendo la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares mediante préstamos privados de dudosa procedencia. La justicia federal, bajo la conducción del fiscal Gerardo Pollicita, ya investiga estas operaciones inmobiliarias ante la sospecha de enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos.
La situación del funcionario se ha vuelto crítica debido a las inconsistencias entre su nivel de gastos personales y sus ingresos declarados. Las denuncias apuntan no solo a propiedades que no habrían sido informadas oportunamente, sino también a un entramado de supuestos préstamos familiares y visitas de una escribana a la Casa Rosada que complican su defensa. A pesar de este escenario, Javier Milei ha optado por suspender la habitual intransigencia que prometía contra la corrupción, priorizando la protección de uno de sus hombres de mayor confianza por encima de la transparencia administrativa que fue bandera de su campaña.
El malestar interno crece mientras se acumulan detalles sobre bienes en countries y movimientos de fondos que Manuel Adorni no ha logrado justificar documentalmente. El silencio oficial respecto a las pruebas presentadas en los tribunales contrasta con el respaldo público brindado en las últimas horas. «No vamos a ceder a las presiones», repiten desde el entorno presidencial, dejando en claro que, en este caso particular, la vara ética de Javier Milei parece haberse flexibilizado ante la proximidad del escándalo que sacude las bases mismas de su equipo de gestión.