Los tribunales federales han decidido profundizar la investigación sobre los vínculos entre los responsables de esta divisa digital y el entorno del Poder Ejecutivo. El foco de los magistrados se centra actualmente en determinar si existieron beneficios extraordinarios o pactos de exclusividad que habrían favorecido el desembarco de este activo en el mercado local, bajo un marco regulatorio presuntamente diseñado a medida.
Dentro del expediente, cobra especial relevancia la figura de Javier Milei. La justicia busca esclarecer si las reuniones mantenidas previamente con los desarrolladores de la tecnología cripto derivaron en compromisos que exceden las funciones institucionales. Las sospechas apuntan a un esquema de reciprocidad donde la implementación de la moneda virtual habría servido como un experimento financiero a cambio de un respaldo político explícito. En este sentido, se han ordenado diversos peritajes sobre las comunicaciones y los registros de ingresos a las sedes gubernamentales para reconstruir la cronología de estos encuentros.
La defensa de los involucrados sostiene que todos los acercamientos formaron parte de una estrategia de modernización económica y que no hubo irregularidades en el proceso. No obstante, las voces críticas dentro del sistema judicial remarcan que el creador de la criptomoneda habría tenido un acceso privilegiado a decisiones de alto impacto. «Buscamos transparencia absoluta en un acuerdo que, a simple vista, parece haber salteado los controles administrativos habituales», señalaron fuentes cercanas a la fiscalía. La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre la relación entre el Estado y las finanzas descentralizadas.