Javier Milei considera que el Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción en Diputados, ya no le es útil y vulnera el objetivo de déficit cero. La principal razón radica en la eliminación del Capítulo XI, que contenía la derogación de leyes consideradas «inviables» por el Ejecutivo para el ahorro fiscal, como las de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Desde la Casa Rosada sostienen que estas leyes generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal, mandate electoral del Presidente.
La estrategia parlamentaria del oficialismo en Diputados, que buscaba votar el proyecto por capítulos para facilitar la aprobación de las derogaciones, no tuvo éxito. A pesar de las intensas negociaciones y la presión ejercida sobre gobernadores y legisladores, el Capítulo XI fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 afirmativos y 2 abstenciones. Gobernadores que habían recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) importantes, como los de Tucumán, Catamarca, Chaco y Salta, no acompañaron al oficialismo en esta votación crucial, lo que generó sorpresa y descontento en las filas libertarias. Incluso algunos aliados electorales, como el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el de Chaco, Leandro Zdero, se distanciaron del oficialismo en este punto.
Ante este escenario, el gobierno se encuentra en una encrucijada. Una opción es demorar el envío del proyecto al Senado, esperando que primero se trate la reforma laboral, y luego intentar reintroducir el Capítulo XI, forzando una nueva votación en Diputados, algo que EE.UU. no tiene los números para asegurar. Otra alternativa que gana fuerza es la posibilidad de vetar el propio presupuesto, ya que consideran que el texto aprobado sin las derogaciones «vulnera el déficit cero» y les obliga a administrar un presupuesto sin superávit primario, lo cual es «inaceptable» para la administración nacional. Sectores del oficialismo bromeaban con que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, «va a tener que seguir armando el Excel», refiriéndose a la discrecionalidad que tendría al seguir manejando fondos sin un presupuesto sancionado y detallado. La administración de Milei se convierte así en la primera en prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional, ya que el texto vigente es el calculado para 2023, lo que facilitó los recortes fiscales en los años anteriores. El Ejecutivo no había mostrado intenciones de sancionar un presupuesto en 2024 o 2025, pero sí ahora busca previsibilidad de gasto, algo que también es requerido por gobernadores y el FMI. A pesar de la media sanción obtenida en general, el rechazo de los capítulos clave deja al gobierno en una posición debilitada, obligándolo a redefinir su estrategia legislativa y fiscal.