La situación en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires ha vuelto a tornarse crítica debido a las intensas precipitaciones que dejaron a miles de hectáreas y caminos bajo el agua. En este contexto, ha estallado un fuerte malestar entre los productores agropecuarios contra la administración nacional. El eje del reclamo reside en la parálisis de obras hidráulicas vitales para la cuenca del Salado, a pesar de que el Estado contaría con una suma cercana a los 189 mil millones de pesos destinados específicamente a estos trabajos. Estos recursos, provenientes del Fondo Hídrico que se nutre del impuesto a los combustibles, estarían siendo retenidos mientras las pérdidas económicas en el sector tambero y agrícola no dejan de crecer.
La indignación en el campo se profundiza al observar que, mientras los distritos de Casares y Nueve de Julio sufren el aislamiento, el dinero afectado para la infraestructura hídrica no se traduce en soluciones concretas. Andrea Passerini, productora tambera de la zona, fue tajante al describir la crudeza del día a día: «De nuevo el aislamiento y la pelea diaria por sacar la leche. Las vacas enterradas en el barro. La angustia permanente». Sus declaraciones reflejan el sentimiento de abandono de un sector que ve cómo los caminos y rutas están «detonados», mientras el Ejecutivo nacional mantiene los fondos en instrumentos financieros en lugar de ejecutar las tareas de dragado y mantenimiento que se habían prometido como prioritarias.
Por su parte, el Presidente ha optado por respaldar la narrativa oficial que minimiza estos reclamos, alineándose con posturas que califican las críticas como intentos de desestabilización política. Esta actitud ha sido recibida con perplejidad por los afectados, quienes consideran que negar la falta de inversión frente a las inundaciones es una postura casi infantil. Aunque los indicadores macroeconómicos del Gobierno puedan mostrar signos de mejora en otras áreas, para el productor que ve sus cosechas perdidas y sus animales bajo el barro, la situación sigue siendo alarmante. La falta de ejecución presupuestaria de los fondos hídricos no solo es una cuestión contable, sino un golpe directo a la producción nacional en medio de una crisis climática que no da tregua.