Un revés comercial de gran magnitud ha puesto en alerta al sector agroindustrial argentino tras la decisión de China de rechazar cargamentos de carne provenientes de plantas locales. El gigante asiático, principal destino de las exportaciones ganaderas del país, detectó irregularidades en los estándares sanitarios, lo que derivó en la devolución de la mercadería y el cierre temporal de las fronteras para los establecimientos afectados. Este episodio ha desatado una ola de cuestionamientos hacia la gestión de Federico Sturzenegger, a quien se señala como el principal impulsor de una política de ajuste que habría debilitado las capacidades operativas del Senasa.
La preocupación radica en que el organismo encargado de fiscalizar la sanidad animal atraviesa un proceso de desfinanciamiento y reducción de personal técnico. Según especialistas del sector, la falta de controles rigurosos en las plantas frigoríficas es una consecuencia directa de la estrategia de desburocratización liderada por el Ejecutivo. «Se está poniendo en riesgo el prestigio sanitario que a la Argentina le costó décadas construir», advierten voces críticas que ven en este incidente un síntoma del vaciamiento institucional. El malestar se extiende a las provincias productoras, donde temen que el rigor de las auditorías chinas se endurezca ante la percepción de una menor vigilancia estatal.
Por su parte, el sector exportador mira con desconfianza el futuro inmediato, entendiendo que la competitividad no solo depende del precio, sino de la confianza internacional en los sellos de calidad. La situación de Federico Sturzenegger queda en el ojo de la tormenta, ya que su visión de «simplificación administrativa» colisiona con las exigencias de los mercados más exigentes del mundo. Mientras tanto, el Senasa intenta contener los daños en una mesa de negociación donde la credibilidad técnica parece haber quedado comprometida por los recortes presupuestarios recientes.