La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una resolución que cambia drásticamente el panorama financiero y legal de la Argentina. Al revisar la sentencia previa que obligaba al país a pagar una cifra multimillonaria por la expropiación de la petrolera estatal, los magistrados determinaron que el reclamo de los fondos Burford Capital y Eton Park carecía de sustento legal sólido. El argumento central de esta victoria jurídica radica en que los tribunales inferiores habían interpretado de manera errónea las leyes nacionales argentinas, las cuales, en casos de esta naturaleza, inhabilitan las pretensiones de los accionistas minoritarios que originaron la demanda.
Desde la Casa Rosada, Javier Milei no tardó en calificar el hecho como «histórico» y el «mayor logro jurídico de la historia», intentando capitalizar políticamente la noticia. En su narrativa, el mandatario aprovechó para cargar contra la gestión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, señalándolos como responsables de haber puesto al país en una situación de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, más allá de la interpretación del Ejecutivo actual, los fundamentos de la cámara de apelaciones dejan claro que el juicio fue, desde su génesis, improcedente. La normativa argentina siempre indicó que la demanda no debió prosperar, lo que convierte a este fallo no tanto en una hazaña de la administración de turno, sino en la corrección de un error judicial que nunca debió afectar el patrimonio de YPF.
Por su parte, los referentes del kirchnerismo también se pronunciaron sobre la resolución. Cristina Kirchner y Axel Kicillof celebraron el desenlace, pero con una mirada contrapuesta a la del Gobierno. Para ellos, el proceso judicial fue «absurdo» desde el primer día ( tal cual lo determinó la Corte de Apelaciones de Nueva York ) y cuestionaron la intención oficialista de utilizar un triunfo legal —basado en la defensa de la soberanía y las leyes locales— para profundizar la brecha política. Mientras el oficialismo busca presentar la anulación como una redención frente a las políticas del pasado, lo cierto es que la Justicia estadounidense finalmente reconoció que la legislación argentina es la que debe primar en la resolución de este conflicto, desestimando una condena que ponía en jaque las arcas del Estado.