La reciente distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por parte de la administración de Javier Milei ha generado un clima de profunda hostilidad en los despachos provinciales. Aunque el desembolso total alcanzó los 38.300 millones de pesos, la cifra resulta insignificante frente al recorte masivo de transferencias que los gobernadores vienen sufriendo desde el inicio del mandato libertario. En los territorios aseguran que estos fondos no alcanzan a mitigar el impacto de la quita de subsidios al transporte, la eliminación del incentivo docente y el parate total de la obra pública financiada por el Estado nacional.
La tensión escaló al analizar el criterio de reparto, el cual parece haber beneficiado a aliados estratégicos mientras castigaba a los sectores más críticos. Entre los nombres propios que resaltan en este esquema de distribución aparecen figuras como Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, quienes recibieron partidas en un intento de la Casa Rosada por calmar las aguas tras meses de asfixia financiera. Sin embargo, el malestar persiste porque el monto recibido «no cubre ni el 6% de lo que perdimos» en términos reales de coparticipación y transferencias discrecionales, según deslizan fuentes cercanas a las carteras económicas del interior.
El conflicto no es solo matemático, sino profundamente político. Javier Milei utiliza los ATN como una herramienta de negociación directa en un contexto donde el ajuste fiscal es la bandera principal del Ejecutivo. Los mandatarios provinciales advierten que esta estrategia de «goteo controlado» es insuficiente para garantizar la paz social y el funcionamiento básico de los servicios en sus jurisdicciones. Mientras el Gobierno nacional celebra el superávit, en las provincias el diagnóstico es de una vulnerabilidad extrema que los pocos millones girados no logran revertir.