El entorno del Ejecutivo ha decidido cerrar filas tras la difusión de las imágenes que exponen el traslado de Manuel Adorni en una aeronave particular con destino a Uruguay. Sin embargo, la estrategia oficial no se centró en explicar el financiamiento o la ética del desplazamiento del vocero junto a su familia y un allegado, sino en señalar directamente a quien capturó el momento. Desde los despachos oficiales se encargaron de identificar a la mujer responsable del video, vinculándola a una organización gremial, en un claro intento por desviar la atención de la denuncia de corrupción y centrar el foco en la supuesta intencionalidad política acusando «al mensajero».
Esta maniobra de exposición busca el escarnio público de la persona que documentó el uso de un jet privado para fines personales. La postura del Gobierno ha sido tajante al intentar deslegitimar el material audiovisual bajo el argumento de que existe una persecución contra sus funcionarios. Manuel Adorni, protagonista del polémico viaje VIP, ha mantenido el silencio sobre los detalles del vuelo, mientras sus colaboradores se enfocan en subrayar que la filmación fue realizada por una integrante de la Asociación del Personal Aeronáutico, como si su filiación laboral invalidara la veracidad de lo que muestran las cámaras: una comitiva familiar disfrutando de privilegios ajenos a la austeridad pregonada.
El desplazamiento hacia Punta del Este en una unidad de lujo pone en jaque el discurso oficial, pero la respuesta institucional ha sido la contraofensiva comunicacional. Al difundir los datos de la mujer que grabó el ascenso al avión, se intenta instaurar un castigo social ejemplificador para evitar futuras filtraciones. Mientras la sociedad debate la transparencia de los actos de Adorni, el aparato estatal prefiere discutir el perfil de quienes denuncian, priorizando la protección de su imagen interna por sobre la rendición de cuentas que exige la opinión pública ante un evidente desplazamiento de casta.