El entorno más cercano al Poder Ejecutivo ha desplegado una estrategia de contención informativa sin precedentes ante el avance de las investigaciones sobre el denominado «caso Libra». Bajo la conducción directa de Karina Milei, se habría bajado una línea inflexible hacia los principales grupos de medios de comunicación, estableciendo una suerte de zona de exclusión periodística sobre el escándalo que involucra a la aseguradora. La consigna que circula en los despachos oficiales es drástica y no admite matices: «el que habla del caso Libra es enemigo». Esta advertencia no solo busca blindar la imagen oficial, sino que también intenta cortar de raíz cualquier filtración que vincule la gestión actual con maniobras irregulares en el sector de los seguros.
La ofensiva para silenciar el tema incluye presiones directas y el monitoreo constante de la pauta publicitaria como herramienta de disciplina. Según diversas fuentes, Karina Milei ha tomado personalmente las riendas de esta disputa, identificando a cada cronista o medio que intente profundizar en los nexos de Libra con funcionarios de la Casa Rosada. La premisa es clara: cualquier mención al expediente será interpretada como una declaración de guerra abierta contra la administración central. Esta postura ha generado un clima de tensión en las redacciones, donde la libertad de prensa colisiona con la amenaza de represalias gubernamentales que podrían afectar la viabilidad económica de las empresas de medios.
A pesar de los intentos por mantener el asunto bajo una estricta reserva, la incomodidad dentro del oficialismo es evidente. El hermetismo impuesto por Karina Milei busca evitar que el caso escale y se convierta en una mancha indeleble para la narrativa de transparencia que el Gobierno intenta proyectar. Sin embargo, la virulencia con la que se persigue a quienes osan nombrar a la aseguradora ha terminado por generar el efecto contrario, despertando sospechas sobre la gravedad de lo que realmente se intenta ocultar. La orden de marcar como «enemigos» a quienes informen sobre el tema marca un nuevo pico de confrontación entre el poder político y el ejercicio del periodismo independiente en el país.