La Casa Rosada intenta sostener un delicado equilibrio discursivo frente al avance del denominado caso Libra, una causa que sacude los cimientos del poder central. En las últimas horas, las vocerías oficiales han enfatizado que la gestión actual no tiene intención de interferir en el desarrollo de las pesquisas judiciales, buscando proyectar una imagen de prescindencia absoluta. Sin embargo, esta postura de neutralidad teórica choca de frente con las recientes declaraciones de sus propios funcionarios de primera línea, lo que deja al descubierto una contradicción evidente entre la promesa de no intervención y el accionar político real en los medios de comunicación.
En este contexto, Juan Bautista Mahiques ha irrumpido en la escena pública con definiciones que marcan una clara tendencia protectora hacia la figura presidencial. A pesar de que el discurso oficial pregona libertad para los jueces, el flamante responsable de la cartera de Justicia utilizó sus intervenciones para cuestionar la celeridad con la que se señala al mandatario nacional. El funcionario manifestó que «es una imprudencia total que se intente vincular a Javier Milei con un hecho delictivo sin tener pruebas contundentes», una frase que resuena más como una advertencia al Poder Judicial que como una opinión desinteresada.
La presión gubernamental no se detuvo allí, ya que el titular de Justicia también dirigió sus dardos hacia el ámbito legislativo, donde la oposición sigue de cerca las revelaciones del caso. Para el funcionario, existe un clima de oportunismo que empaña la objetividad de la causa, criticando abiertamente a los «diputados que hablan con una liviandad asombrosa» sobre la responsabilidad del Ejecutivo en el escándalo. Mientras el Gobierno insiste ante la prensa en que se mantendrá al margen de cualquier avance en los tribunales, los hechos demuestran que sus integrantes más influyentes ya están operando para blindar a Javier Milei y desestimar cualquier acusación que pueda comprometer la estabilidad de la administración nacional.