El inminente inicio del ciclo lectivo en Argentina se verá profundamente afectado por una medida de fuerza a nivel nacional, que amenaza con impedir el normal desarrollo de las actividades en las aulas de quince provincias. La jornada del próximo lunes 2 de marzo, que marcará el regreso a clases para millones de estudiantes, estará signada por la ausencia de docentes que, agrupados en diversas confederaciones sindicales, expresarán su profundo descontento con la situación salarial y la política educativa actual. Los educadores reclaman una urgente recomposición de sus ingresos, que se encuentran en su punto más bajo en las últimas dos décadas, y la implementación de un marco legal que garantice la inversión en el sector.
La raíz de este conflicto se encuentra en una significativa caída del poder adquisitivo de los salarios docentes, agudizada por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba una parte sustancial de sus haberes. A esto se suma una drástica reducción de la inversión nacional en educación, que, según informes especializados, disminuyó casi un 48% entre 2023 y 2025. Los sindicatos también manifestaron su rechazo a un proyecto de ley de «libertad educativa», advirtiendo que «detonará el sistema educativo argentino», según declaraciones de Sergio Romero y Fabián Felman, representantes de UDA y CEA respectivamente. Esta situación ha llevado a que el presupuesto educativo nacional para 2026 se proyecte en un 0,75% del PBI, muy por debajo de años anteriores.
Frente a este escenario de tensión, el Ministerio de Capital Humano convocó a una reunión de paritaria nacional docente para el mismo lunes 2 de marzo, acatando una decisión judicial previa, en un intento por destrabar el conflicto. Paralelamente, en el ámbito legislativo, un grupo de diputados opositores presentó un proyecto de ley que declara la «emergencia salarial docente» y propone la creación de un «complemento federal» para mejorar los ingresos de los maestros. Esta iniciativa, impulsada por figuras como Nicolás Trotta, busca garantizar un piso salarial y asegurar que las provincias mantengan su gasto educativo, reasignando recursos existentes para evitar recortes. «Vemos una situación acuciante por la inédita retracción de la inversión del Estado nacional en educación. Pero también hay un retroceso de la inversión provincial, que impacta en los salarios docentes», afirmó el diputado Trotta.