El Senado de la Nación ha sido escenario de una intensa actividad legislativa, culminando con la aprobación de tres proyectos de ley de gran relevancia que marcan un rumbo definido para la gestión actual. Estas iniciativas, que abarcan desde la justicia juvenil hasta la protección ambiental y el marco laboral, fueron sancionadas tras encendidos debates y con una marcada división entre las fuerzas políticas.
Uno de los proyectos más discutidos fue el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Seguridad, fue celebrada por figuras como Patricia Bullrich, quien afirmó que «El Estado no va a seguir mirando para otro lado». Sin embargo, el peronismo expresó su rotundo rechazo, argumentando la inconstitucionalidad de la norma y la insuficiencia de los fondos asignados a las provincias para su implementación. Senadores como Jorge Capitanich señalaron que «Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta», mientras que Martín Soria la calificó de «muy mala» y «peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida».
En materia ambiental, el Senado dio luz verde a modificaciones en la Ley de Glaciares, transfiriendo a las provincias la potestad de definir la autoridad de aplicación para identificar y proteger estos ecosistemas. Los defensores de la reforma sostienen que busca armonizar la normativa con la Constitución y el federalismo. No obstante, la oposición, con voces como la del senador Pablo Bensusán, criticó la fragmentación de criterios de conservación y la posible debilitación del IANIGLA, calificando la medida de «anticientífica, irresponsable y un delirio». Maximiliano Abad, de la UCR, advirtió que la ley «va a ser pasible de recursos de inconstitucionalidad» y generará «incertidumbre» para las inversiones.
Finalmente, la Cámara alta sancionó la reforma laboral, considerada un triunfo para el gobierno. Esta ley introduce cambios significativos en convenios colectivos, indemnizaciones, licencias y el derecho a huelga. La Libertad Avanza y sus aliados argumentaron que la reforma busca fomentar el empleo y corregir lo que Patricia Bullrich llamó «una estafa moral» que llevó a millones a la informalidad. En contraste, el peronismo, a través de senadores como Mariano Recalde y Florencia López, denunció que la norma viola principios constitucionales y tratados internacionales, y que «hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores». José Mayans, del interbloque Popular, fue aún más allá, calificando la ley de «repugnantemente ‘gorila’» y augurando que «esto va a terminar mal».
Este conjunto de aprobaciones legislativas refleja la determinación del gobierno de avanzar con su agenda de reformas, a pesar de la fuerte resistencia y las advertencias de la oposición. Los debates en el Senado no solo expusieron diferencias ideológicas profundas, sino que también anticipan posibles litigios y un continuo pulso político en torno a la implementación y las consecuencias de estas nuevas leyes en el futuro del país.