El Gobierno ha decidido poner fin a los subsidios PICT, una línea de apoyo fundamental para la investigación científica y tecnológica en Argentina, que había permanecido sin desembolsos durante los últimos dos años. En su lugar, se ha presentado una nueva iniciativa denominada Apoyo a la Investigación Científica (AIC), aunque se anticipa la posible incorporación de otras modalidades de financiamiento a partir de 2026. Esta nueva propuesta se centrará exclusivamente en proyectos de salud, agroindustria, energía y minería.
La comunidad científica ha manifestado su inquietud ante este cambio, ya que el programa AIC dejará fuera a gran parte de la ciencia básica, las humanidades y las ciencias sociales. Además, se requerirá la colaboración con el sector privado para acceder a estos fondos, un requisito que, según los investigadores, ya existía en otras líneas de financiamiento. Desde el ámbito oficial, se argumenta que los PICT presentaban demoras significativas en la entrega de fondos y que los montos asignados resultaban insuficientes, una situación que se agravó por la inflación. Sin embargo, expertos como el físico Jorge Aliaga señalan que, si bien la nueva partida es superior en monto, su enfoque en «proyectos que tengan salida concreta» no puede ser la única vía de apoyo.
La Agencia I+D+i, que ahora ocupa un rol equivalente al antiguo Ministerio de Ciencia y Técnica, será la encargada de administrar el nuevo subsidio, que asciende a un total de hasta 10 millones de dólares, a ejecutarse en un plazo máximo de dos años. Cada proyecto podrá recibir hasta 200.000 dólares, con un 80% aportado por la Agencia y el 20% restante por el beneficiario y la empresa asociada. Esta estructura, según cálculos, limitaría el número de proyectos financiados a aproximadamente un centenar, una cifra muy inferior a los más de mil proyectos que solían recibir apoyo a través de las convocatorias PICT. La situación se agrava con la cancelación de los PICT 2022, cuyos beneficiarios ya habían sido seleccionados y esperaban los fondos. Fernando Pitossi, un destacado investigador, calificó esta decisión como «de facto» y advirtió que representa «el certificado de defunción de la investigación científica de la gran mayoría de los grupos de investigación del país».