La gravedad institucional que agita el gobierno de Javier Milei no tiene precedentes desde el retorno de la democracia. En una escalada de ataques contra el sistema republicano, el presidente, en un discurso cargado de violencia verbal, se refirió al Congreso como un «nido de ratas» y una «madriguera inmunda», descalificando a los senadores y senadoras que lo integran. Mientras tanto, la ministra Patricia Bullrich acusó a la Presidenta del Senado, Victoria Villarruel, de «traición» por permitir el funcionamiento del Poder Legislativo. Y como si esto fuera poco, la maquinaria de trolls oficialistas se lanzó a pedir abiertamente un golpe de Estado y el cierre del Congreso, uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático.
La arremetida del gobierno contra el Congreso se desató tras la dura derrota sufrida en el Senado, donde la oposición logró aprobar una serie de medidas que golpean el corazón del ajuste fiscal impulsado por Milei. Ante la imposibilidad de imponer su agenda, el gobierno optó por dinamitar el diálogo y deslegitimar a las instituciones democráticas.
Los ataques de Milei y Bullrich contra el Congreso y Villarruel fueron solo el preludio de una campaña aún más virulenta desatada por los trolls oficialistas en las redes sociales. Bajo el hashtag #CierrenElCongreso, miles de cuentas falsas y perfiles anónimos inundaron las redes con mensajes golpistas, pidiendo la intervención militar y el fin de la democracia.
Entre los principales agitadores de esta campaña se encuentran personajes como el «Gordo Dan» y «Fran Fijap», conocidos por difundir noticias falsas y mensajes de odio en favor del gobierno. Algunos incluso llegaron a proponer «dinamitar el Congreso con diputados y senadores adentro», evidenciando el nivel de violencia y fanatismo que promueven estos grupos.
La gravedad de estos hechos no puede ser subestimada. La incitación al golpe de Estado y la deslegitimación de las instituciones democráticas representan una amenaza directa al sistema republicano y a la convivencia pacífica en la sociedad. Ante esta situación, es fundamental que la dirigencia política, los medios de comunicación y la ciudadanía en general alcen la voz en defensa de la democracia y condenen enérgicamente cualquier intento de socavar el Estado de Derecho.