Río Negro se encuentra en una encrucijada educativa, donde la defensa de los derechos de los alumnos parece quedar relegada ante las disputas gremiales y la falta de firmeza política. El reciente paro docente, impulsado por la Unter, ha dejado a miles de estudiantes sin clases, evidenciando una vez más la fragilidad del sistema educativo provincial. Esta situación se agrava aún más si se considera la denuncia sobre el adoctrinamiento de alumnos por parte de docentes afiliados a la Unter que realizó el legislador del PRO, Juan Martín y que fue abiertamente reconocido por la secretaria general del gremio, un hecho de suma gravedad que, lamentablemente, no ha encontrado una respuesta contundente por parte del gobierno provincial. El gremio adoctrina abiertamente a los chicos para que «nunca más gane un gobierno como el de Milei» y el Gobernador no acciona, no protege a los alumnos ni garantiza una formación que les permita analizar y pensar demanera objetiva.
Ahora, la inacción del gobernador Alberto Weretilneck frente a esta crisis es, cuanto menos, preocupante. A pesar de sus declaraciones en septiembre de 2024, donde afirmaba que «la educación es un derecho que no se puede negociar» y que no permitiría que nadie lo vulnere, la realidad demuestra lo contrario. La falta de aprobación del proyecto de esencialidad educativa, impulsado por el legislador Juan Martín, ha dejado al gobierno sin herramientas para garantizar el derecho a la educación durante las medidas de fuerza gremiales.
Tal como señala Juan Martín, «muchos chicos rionegrinos hoy y mañana no van a tener clases porque el gremio docente decidió secuestrar la educación». Esta afirmación refleja la frustración de quienes ven cómo los intereses sectoriales prevalecen sobre el bienestar de los estudiantes. La esencialidad educativa, que Weretilneck apoyaba en septiembre del año pasado, se presenta como la solución para asegurar que las escuelas permanezcan abiertas y que los alumnos puedan acceder a la educación, incluso durante los paros. Sin embargo, la falta de voluntad política ha impedido que esta iniciativa se concrete.
La postura intransigente de la Unter, que rechaza las ofertas salariales del gobierno y prioriza las medidas de fuerza, agudiza aún más la crisis. Si bien es legítimo defender los derechos laborales, no se puede permitir que esto se haga a costa del derecho a la educación de los niños y jóvenes rionegrinos. Es imperativo que el gobierno provincial asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para garantizar que la educación sea una prioridad, por encima de cualquier interés particular.