El diputado nacional Emiliano Estrada, de Unión por la Patria, enfrenta un proceso judicial por la presunta creación de una «usina de fake news» con recursos del Congreso. Ahora, busca evitar que se le retiren los fueros parlamentarios, llevando el caso a la Corte Suprema de Justicia debido a un conflicto de competencia entre tres juzgados.
Estrada, identificado con La Cámpora, no se presentó a la audiencia donde iba a ser imputado formalmente, lo que llevó al fiscal federal Carlos Amad y al Juzgado Federal N°2 de Salta a solicitar su desafuero. Esta decisión fue impugnada por su defensor, lo que obligó a que la Sala II de la Oficina Judicial revise el caso.
Si se ratifica el pedido de desafuero, la Justicia Federal de Salta deberá remitirlo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y luego pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, antes de ser debatido y votado en el recinto. Estrada finaliza su mandato en diciembre de este año.
Según su abogado, Jorge Javier Ovejero, el conflicto de competencia entre los juzgados podría afectar su estrategia de defensa. El fiscal Amad le adjudica el delito de malversación de caudales públicos, por presunto peculado de servicios, que prevé penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
Tras el inicio de la causa en Salta, surgió una nueva denuncia en Comodoro Py, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, quienes solicitaron a la Justicia federal de Salta que se inhiba, argumentando que el caso les corresponde por jurisdicción. Además, la jueza de Garantías N° 8, Claudia Puertas, recibió una parte del expediente tras la condena de dos asesores de Estrada por difundir fake news contra el gobernador Gustavo Sáenz.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo en Salta, los encargados de ejecutar las tareas de difusión de noticias falsas fueron identificados como Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, ambos empleados del Congreso Nacional. Estos individuos admitieron su participación en los hechos para acceder a un juicio abreviado en la justicia provincial, donde acordaron una pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso como partícipes secundarios del delito de intimidación pública, además de un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En su defensa, los ex empleados legislativos declararon que seguían instrucciones directas del diputado y que consideraban las campañas difamatorias como parte de sus «responsabilidades laborales», sin ser conscientes de que se trataba de maniobras ilícitas.
Ante esta situación, la jueza federal salteña Mariela Giménez decidió remitir el conflicto de competencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver la cuestión, aunque sin un plazo legal establecido para dictar sentencia.