El gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de clasificar a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista, tras los devastadores incendios que han afectado la Patagonia argentina. Esta medida se formalizó al incluir al grupo en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET.
La resolución se produce en un contexto de creciente tensión, luego de que Facundo Jones Huala, líder de la RAM, hiciera declaraciones que generaron un fuerte rechazo social y llevaron a denuncias judiciales. En sus comentarios, Huala reivindicó los ataques incendiarios contra infraestructuras vinculadas al capitalismo, lo que intensificó las preocupaciones sobre las actividades del grupo.
En el Boletín Oficial, se detalla que la RAM ha llevado a cabo una serie de actos violentos en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut durante más de diez años. Estos incluyen incendios intencionales que han destruido bosques, ataques a propiedades y agresiones a personas. El Ministerio de Seguridad Nacional ha señalado que estos actos han sido públicamente reivindicados por líderes de la organización, como Huala, quien admitió el uso del fuego como una herramienta de presión.
La inclusión de la RAM en el RePET también implica que la información sobre el grupo será compartida con otros gobiernos, en un esfuerzo por combatir el terrorismo y su financiamiento a nivel internacional. Este registro incluye organizaciones terroristas de renombre como Hezbollah y Al Qaeda, lo que subraya la gravedad de la acusación.
El gobierno argumenta que la reciente derogación de un decreto que prohibía los desalojos en tierras indígenas ha contribuido al aumento de los conflictos en la región, permitiendo que la RAM intensifique sus actividades. La resolución busca cortar cualquier tipo de financiamiento que sustente al grupo y mejorar la cooperación entre las distintas entidades del Estado para enfrentar el crimen organizado.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución, que destaca la necesidad de optimizar recursos y mejorar las investigaciones relacionadas con el crimen organizado. En este contexto, el gobierno considera que la RAM representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y el orden público, lo que requiere acciones contundentes.