El reciente anuncio del Gobierno argentino sobre la reducción temporal de las retenciones al agro ha generado un revuelo significativo en los mercados financieros y en el sector agropecuario. Esta medida, que se implementará hasta junio de 2025, busca aliviar la presión sobre los productores agropecuarios en un contexto crítico para el sector, donde la incertidumbre y los cheques impagos han afectado la cadena de pagos.
La baja de las retenciones, que se estima costará al Estado alrededor de 800 millones de dólares, equivalentes a un 0,13% del Producto Bruto Interno (PBI), ha sido interpretada como un intento del Gobierno por fortalecer las reservas de divisas. Esta estrategia se enmarca en un contexto donde se espera que la liquidación de dólares aumente debido a la mejora en el poder adquisitivo de los productores. Según el analista Salvador Vitelli, esta medida es positiva, aunque temporal, y está diseñada para asegurar la liquidación de divisas, dado que hay un volumen significativo de soja acumulada en el país.
Sin embargo, la reducción de las retenciones también plantea preocupaciones sobre el impacto en las cuentas fiscales, ya que podría resultar en una menor recaudación para el Estado. Leo Anzalone, del Centro de Estudios Políticos y Económicos, advirtió que, aunque la medida podría beneficiar la competitividad internacional de los productos argentinos, también podría afectar la estabilización de precios internos, especialmente en un contexto inflacionario.
En el ámbito financiero, la reacción de los mercados fue mixta. La noticia se conoció tras el cierre de los mercados, lo que dejó a los inversores a la espera de una respuesta en la jornada siguiente. Antes del anuncio, los bonos soberanos se mantenían estancados y la Bolsa había perdido ganancias. Sin embargo, se anticipa que la reducción de retenciones podría frenar el alza del dólar y mejorar el precio de los bonos soberanos y las acciones, generando un mayor interés en inversiones en pesos.
El Gobierno también ha comenzado a presionar a las provincias para que reduzcan sus propias cargas impositivas, argumentando que la baja de retenciones podría traducirse en una mejora en la recaudación de tributos coparticipables, beneficiando así a las arcas provinciales. Esta estrategia se presenta en un momento en que el país se encuentra en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que suele exigir cambios en el esquema fiscal como condición para nuevos desembolsos.
En resumen, la reducción de las retenciones al agro es una medida que busca aliviar la presión sobre el sector productivo y mejorar la situación económica del país, aunque su implementación y efectos a largo plazo aún están por verse. La atención de los inversores y el Gobierno estará centrada en la evolución de los mercados y en cómo estas decisiones impactarán en la economía argentina en un contexto de incertidumbre.