Un reciente escándalo ha surgido en el ámbito político argentino tras la filtración de un audio de la diputada libertaria Juliana Santillán. En el material, Santillán revela que tiene «todo arreglado» con el Ministro Mariano Cúneo y capitales ingleses para transformar un club de fútbol en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Esta situación ha generado serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.

En la grabación, la diputada menciona su intención de facilitar la entrada de inversión extranjera en un club de Río Gallegos, asegurando que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ) para llevar a cabo el proceso. Santillán argumenta que el club es necesario para presentar un trámite ante la IGJ que no pondría en riesgo la institución, pero que permitiría avanzar con el expediente para la conversión a SAD.

La diputada también se atribuye el mérito de haber facilitado una inversión de 150 millones de dólares por parte del inglés Foster Gillett en el club Estudiantes, destacando que esto fue posible gracias a la confianza que el gobierno de Javier Milei ha devuelto a los inversores. Sin embargo, el propio Javier Milei tuvo que desmentir públicamente que su gobierno estuviera detrás de la conversión de Estudiantes en una SAD.

Juliana Santillán compartió una foto con un inversor y un retrato de Javier Milei, mientras fuentes cercanas a las negociaciones informaron al medio especializado LPO que tendría un acuerdo económico con el magnate para obtener representación legal, quien ya habría pagado unos 500 mil dólares en honorarios. En este contexto, se filtró un audio en el que Santillán le confiesa a un dirigente de un club de Santa Cruz que tiene «todo arreglado» con el ministro de Justicia, la Inspección General de Justicia y capitales ingleses para transformar dicho club en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Esta revelación ha llevado a que el legislador porteño Facundo del Gaiso, del bloque de la Coalición Cívica, anuncie su intención de presentar una denuncia en la justicia contra Santillán por sus acciones.

El contexto de estas revelaciones no solo pone en tela de juicio la ética de la diputada, sino que también abre un debate sobre la transparencia en la gestión pública y la influencia de capitales extranjeros en el deporte argentino.