El gobierno ha dado un paso significativo para impulsar el desarrollo energético del país al lanzar la licitación para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, una obra clave para optimizar el transporte de gas natural desde Vaca Muerta. Este proyecto, impulsado originalmente por Transportadora Gas del Sur (TGS), representa la primera iniciativa privada de envergadura en el sector desde que asumió el nuevo gobierno.
La ampliación del gasoducto, que demandará una inversión cercana a los 700 millones de dólares, tiene como objetivo incrementar la capacidad de transporte en 14 millones de metros cúbicos diarios. Esto permitiría elevar el volumen total transportado desde los actuales 26 millones hasta 40 millones de metros cúbicos por día. La iniciativa, que se espera esté operativa para el invierno de 2026, contempla la instalación de nuevas plantas compresoras y la modernización de las instalaciones existentes.
Según estimaciones oficiales, esta obra generaría un ahorro anual de 500 millones de dólares gracias a la reducción en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), especialmente durante los meses de mayor demanda. El esquema de licitación establece que la empresa que se adjudique el proyecto será responsable del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones bajo la modalidad «llave en mano». A cambio, Enarsa, la empresa estatal de energía, firmará un contrato de reserva de capacidad por 15 años.
TGS, la empresa que propuso originalmente el proyecto, tendrá ciertas ventajas en el proceso de licitación. En caso de que su oferta no supere en más de un 10% a la de otro competidor, tendrá prioridad para quedarse con la obra. Si la diferencia es de hasta un 15%, ambas empresas podrán presentar mejoras en sus propuestas.
El gobierno considera esta obra como un paso fundamental para aprovechar el potencial de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de gas no convencional de América Latina. Al mejorar la infraestructura de transporte, se busca aumentar la producción disponible tanto para el mercado interno como para la exportación, contribuyendo así a fortalecer la balanza comercial energética del país. Las empresas interesadas tienen tiempo hasta el 7 de julio de 2025 para presentar sus ofertas, y la adjudicación está prevista para el 22 de septiembre del mismo año.