El Gobierno argentino ha confirmado su intención de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las próximas elecciones, un anuncio realizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Este proyecto busca ser discutido en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el diálogo con la oposición ha enfrentado dificultades tras varios desacuerdos en el ámbito parlamentario.
Francos destacó que la eliminación de las PASO podría generar un ahorro significativo, estimando que se podría reducir entre un 35% y un 40% del costo total del proceso electoral, que se prevé en más de 500 millones de dólares para las elecciones de 2025. Esto implicaría un ahorro superior a los 150 millones de dólares, lo que el Gobierno considera fundamental para aliviar la carga económica sobre los ciudadanos.
Desde su implementación en 2011, las PASO han sido objeto de críticas, siendo vistas como un gasto innecesario y una complicación para los votantes. Francos argumentó que estas elecciones han servido más como encuestas costosas que como un mecanismo efectivo para seleccionar candidatos. En su opinión, la eliminación de este sistema podría simplificar el proceso electoral y ahorrar tiempo y recursos a los ciudadanos.
El proyecto para eliminar las PASO ya fue presentado en el Congreso a finales de noviembre, pero no ha sido debatido hasta el momento. El Gobierno también busca implementar una reforma política más amplia que incluya cambios en el financiamiento de partidos y campañas electorales, así como la introducción de la boleta única de papel, que se aplicará por primera vez en las elecciones de 2025.
Sin embargo, la oposición, especialmente el PRO, se ha mostrado reticente a esta reforma, ya que históricamente han utilizado las PASO para resolver internas partidarias. Este partido, liderado por Mauricio Macri, propone un enfoque alternativo que haría las primarias optativas, manteniéndolas dentro del sistema electoral.
La eliminación de las PASO requerirá una mayoría absoluta en el Congreso, lo que representa un desafío para el Gobierno, que deberá buscar alianzas con sectores más dialoguistas para avanzar en esta iniciativa.
