En un reciente episodio que ha generado un intenso debate en la política argentina, solo seis senadores se manifestaron en contra de la expulsión de Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay por llevar consigo 200.000 dólares sin declarar. Entre los legisladores que votaron en contra se encuentra la senadora por Chubut, Andrea Cristina, quien ha sido objeto de críticas por su decisión.
Cristina, del bloque del PRO, fue una de las pocas voces que se alzaron en defensa de Kueider, lo que ha sido calificado como un «papelón» por muchos analistas políticos. Su postura ha sorprendido, dado que la mayoría de sus colegas del PRO se alinearon con la decisión de expulsar al senador entrerriano, lo que sugiere una falta de consenso dentro de su propia bancada.
Sin embargo, la postura más controvertida proviene del senador radical Maximiliano Abad, quien, a diferencia de otros miembros de su partido, también se opuso a la destitución. Abad argumentó que el Senado había asumido funciones que no le corresponden, aseverando que «se convirtió en juez» en el caso de Kueider. En sus declaraciones, enfatizó que el proceso debería haber seguido los procedimientos judiciales adecuados, incluyendo la recopilación y evaluación de pruebas antes de tomar una decisión. «El Senado jugó para la tribuna», añadió, sugiriendo que la decisión fue más un acto de populismo que de justicia.
La posición de Abad ha generado un amplio debate, ya que muchos consideran que su defensa de Kueider es inaceptable, dado el contexto de las acusaciones en su contra. A pesar de que su argumento se centra en el respeto a los procedimientos legales, su decisión de votar en contra de la expulsión ha sido vista como una falta de compromiso con la ética y la responsabilidad política.
La situación ha puesto de relieve las divisiones dentro de los partidos y ha suscitado cuestionamientos sobre la coherencia de las posturas adoptadas por los senadores. Mientras algunos abogan por la expulsión como una medida de responsabilidad, otros, como Abad y Cristina, parecen priorizar un enfoque más legalista, lo que ha generado un clima de tensión en el Senado.
La controversia en torno a la votación de Kueider refleja no solo las diferencias ideológicas entre los senadores, sino también la creciente presión pública por la rendición de cuentas en un contexto de creciente desconfianza hacia los políticos. La decisión de Abad, en particular, ha dejado una marca en su imagen y ha abierto un debate sobre la ética en la política argentina.