El Gobierno argentino ha intensificado su desafío al kirchnerismo al proponer la destitución de todos los legisladores acusados de corrupción en el Congreso, en respuesta al escándalo que rodea al senador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay por llevar 200 mil dólares sin declarar. Esta propuesta surge en medio de una fuerte tensión política, donde el oficialismo busca dar un golpe de efecto ante la iniciativa de la oposición de destituir a Kueider.
El presidente Javier Milei, en un evento reciente, dejó claro que su administración no defenderá a los corruptos, afirmando que “si quieren echarlo, nos parece bien. Que se aplique la misma regla para todos”. Esta declaración refleja la estrategia del Gobierno de extender la responsabilidad a otros legisladores que también enfrentan acusaciones, como Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Máximo Kirchner, quienes tienen causas abiertas por irregularidades.
La propuesta del oficialismo ha sido respaldada por una encuesta publicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que mostró un apoyo abrumador a la idea de destituir a todos los legisladores con problemas judiciales. La Casa Rosada considera que este es un momento oportuno para abordar el tema de la corrupción en el Congreso, desafiando así a la oposición a actuar de manera coherente con su discurso.
El kirchnerismo, por su parte, ha solicitado una sesión especial para tratar la remoción de Kueider, quien, a pesar de su detención, sigue siendo un tema candente en la agenda política. La intención de la oposición es reemplazarlo por Stefanía Cora, una figura vinculada a La Cámpora, lo que podría fortalecer su posición en el Senado.
La situación ha llevado a un clima de confrontación en el que el oficialismo busca no solo distanciarse de Kueider, sino también plantear un debate más amplio sobre la integridad de los representantes en el Congreso. Desde La Libertad Avanza, se ha manifestado que “en el Congreso no deben quedar acusados ni procesados por corrupción”, lo que podría abrir la puerta a una revisión más exhaustiva de la conducta de los legisladores.