El gobierno nacional dio un paso significativo en su política de cielos abiertos al derogar la normativa que obligaba a organismos y empresas estatales a utilizar exclusivamente los servicios de Aerolíneas Argentinas. La decisión administrativa 1017/2024, publicada en el Boletín Oficial, elimina la obligatoriedad establecida en 2013 de contratar vuelos a través de OPTAR, la operadora mayorista de la aerolínea de bandera.
La medida se enmarca en los lineamientos establecidos por el DNU 70/23, que busca la desregulación de la economía nacional. El decreto determina que las empresas con participación estatal no gozarán de prerrogativas especiales ni ventajas en la contratación de bienes y servicios. Esta modificación permite que las distintas dependencias gubernamentales puedan elegir libremente entre las aerolíneas disponibles para sus traslados, tanto nacionales como internacionales.
La decisión llega en un momento de particular tensión entre el gobierno y los gremios aeronáuticos, tras recientes conflictos que derivaron en paros sorpresivos y afectaron las operaciones en Aeroparque y Ezeiza. Las negociaciones entre las partes culminaron con acuerdos salariales y modificaciones en las condiciones laborales, incluyendo la eliminación de beneficios como pasajes en clase ejecutiva para pilotos y sus familias, así como ajustes en el servicio de traslados.
Anteriormente, las jurisdicciones estatales solo podían optar por otras aerolíneas cuando OPTAR no comercializaba vuelos directos o carecía de disponibilidad para las fechas requeridas. El gobierno argumenta que el sistema de licitación o concurso público, vigente antes de 2013, garantizaba mejor los principios de concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia, permitiendo obtener ofertas más convenientes para las necesidades del Estado.