La crisis política en Bolivia se intensifica con acusaciones del gobierno de Luis Arce contra el ex presidente Evo Morales, señalándolo de intentar desestabilizar el orden constitucional. La Cancillería boliviana ha denunciado que las movilizaciones y bloqueos liderados por Morales representan una amenaza para la estabilidad democrática del país y ha pedido la atención de la comunidad internacional sobre estos hechos. Según el gobierno, estas acciones buscan no solo afectar la estabilidad interna, sino también la seguridad en la región.
Las protestas, lideradas por seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS), demandan la suspensión de los cargos judiciales contra Morales, alegando persecución política. También exigen soluciones a la inflación, la escasez de dólares y combustibles, y el reconocimiento del congreso del MAS de 2023, que designó a Morales como candidato único para las próximas elecciones presidenciales. La Cancillería acusa a Morales de intentar manipular la justicia para buscar impunidad en sus procesos judiciales.
En respuesta, el gobierno de Arce ha desplegado operativos para desbloquear rutas en el departamento de Cochabamba, epicentro de las protestas. Estos operativos han resultado en enfrentamientos entre la policía y manifestantes, con varios heridos y detenidos. Morales ha denunciado ataques a la sede del MAS en Cochabamba, atribuyéndolos a «grupos paramilitares» apoyados por el gobierno de Arce y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
El bloqueo de carreteras ha exacerbado los problemas económicos en Bolivia, causando escasez de alimentos y combustibles. Ante esta situación, el gobierno ha implementado puentes aéreos para abastecer las ciudades más afectadas. El presidente Arce ha lamentado las confrontaciones y ha alertado sobre la presencia de sectores armados en las protestas, destacando el trabajo de la policía para mantener el orden.