La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha expresado su descontento y preocupación ante la decisión del Gobierno de encargar auditorías a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre sus gastos. La UBA considera que esta acción constituye una violación a su autonomía universitaria, la cual está protegida por la Constitución Nacional. En respuesta, el rectorado ha decidido iniciar acciones legales para prevenir lo que denominan una «intervención inconstitucional».
El Consejo Superior de la UBA ha argumentado que la Constitución, en su artículo 75 inciso 19, garantiza la autonomía de las universidades nacionales, estableciendo que estas deben estar desvinculadas del Poder Ejecutivo y sujetas únicamente al Congreso. Además, la Corte Suprema ha respaldado esta independencia, limitando cualquier intervención del Ejecutivo en las actividades académicas y financieras de las universidades. La UBA ya cuenta con un sistema de control interno a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que refuerza su oposición a la intervención de la SIGEN.
El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, ha defendido la medida argumentando que es importante que la ciudadanía sepa cómo se gastan los impuestos. Adorni afirmó que «la gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos». Sin embargo, la UBA sostiene que su administración no debería estar bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo, ya que esto contravendría principios constitucionales. El rector, Ricardo Jorge Gelpi, ha expresado que cualquier decisión judicial será acatada estrictamente, subrayando que solo los jueces tienen la potestad de interpretar la Constitución.
La tensión entre la UBA y el Gobierno se produce en un contexto de conflicto más amplio sobre el financiamiento universitario, agravado por la reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar el financiamiento universitario. Esta situación ha generado protestas y medidas de fuerza en el ámbito universitario. La UBA continúa firme en su postura de defender su autonomía, mientras que el Gobierno insiste en la necesidad de auditorías para garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos.