El gobierno ha decidido desregular el transporte de media y larga distancia, marcando un cambio significativo en el sector. A partir de 2025, las empresas ya no estarán obligadas a operar como servicios públicos, lo que implica la eliminación de muchas de las restricciones actuales sobre rutas, recorridos y precios. Esta medida permitirá la entrada de nuevas compañías al mercado, incluidas aquellas que operan combis, facilitando su acceso a aeropuertos y puertos para recoger pasajeros directamente.
La Secretaría de Transporte ha indicado que esta reforma busca aumentar la competencia y la oferta en el sector, argumentando que con la desregulación, cualquier empresa que cumpla con los requisitos básicos podrá registrarse y comenzar a operar. La idea es que este cambio beneficie a los usuarios al ofrecer más opciones y precios más competitivos. Sin embargo, las cámaras empresariales han expresado su preocupación por una posible saturación del mercado, insistiendo en que la apertura debe ser gradual para evitar impactos negativos en los operadores existentes.
A pesar de que el gobierno asegura que esta medida responde a la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el sistema, algunas empresas han señalado que no han solicitado una desregulación total. En cambio, han pedido que se implementen normas más modernas que reduzcan la burocracia y faciliten el acceso al mercado, pero con un marco regulatorio que garantice la viabilidad de los transportistas actuales.
Las organizaciones del sector han destacado la importancia de mantener la calidad del servicio y el bienestar de los pasajeros. Algunos de los cambios que esperan que se incluyan en la nueva normativa son la eliminación de impuestos que afectan la operación, así como la reducción de costos en terminales de ómnibus. La situación revela un dilema entre el deseo de fomentar la competencia y la necesidad de proteger a los operadores establecidos en un mercado que podría volverse caótico si la desregulación se implementa sin las salvaguardias adecuadas.