La reciente designación de Coti Bravi, conocida como la “Maratea mendocina”, en el Ministerio de Defensa de Argentina duró menos de 24 horas. La abogada de 27 años fue seleccionada para ocupar el cargo de «Coordinadora de Seguimiento de Exportaciones e Importaciones de Materiales Estratégicos para la Defensa», pero su nombramiento fue revocado rápidamente, generando revuelo en la opinión pública y en redes sociales. La decisión de su despido fue comunicada oficialmente por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien también anunció la remoción de Raúl Guillermo Marino, el secretario que había impulsado su incorporación.
Bravi, que había sido nombrada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se había hecho un nombre en el ámbito digital gracias a sus colectas solidarias y su activismo en redes sociales, donde se presenta como una ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza. Sin embargo, la falta de ajuste a los requisitos del puesto y las controversias en torno a su nombramiento llevaron a que la decisión quedara sin efecto. Los críticos cuestionaron su idoneidad para un cargo tan estratégico, señalando que su perfil no cumplía con las expectativas del ministerio.
La noticia de su despido ha suscitado críticas hacia el gobierno y ha puesto de relieve la complejidad de la relación entre la política y el activismo digital. Esto también plantea interrogantes sobre los criterios de selección de funcionarios en el actual gobierno de Javier Milei, que ha estado marcado por un enfoque en la comunicación y la imagen pública. La rápida revocación de Bravi ha sido interpretada como una señal de la inestabilidad y las tensiones que caracterizan la administración actual.
Con la salida de Bravi y Marino, el gobierno enfrenta la tarea de reforzar su equipo en defensa, mientras que la figura de Bravi, aunque breve en el cargo, ha dejado un impacto significativo en las redes sociales, donde su influencia y actividades anteriores han sido ampliamente discutidas. Su caso refleja las dificultades que enfrenta el gobierno en su intento de equilibrar la innovación y la experiencia en la gestión pública.