El gobierno argentino ha dado por finalizadas únicamente 52 de las 2.185 obras que estaban en ejecución antes del cambio de gestión, según un análisis del Mapa de Inversiones. Este dato ha generado preocupación y críticas, especialmente considerando que estas obras representan un desembolso total de aproximadamente 83.724 millones de pesos. La mayoría de las obras finalizadas se encuentran en la provincia de Buenos Aires, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la efectividad de la administración actual.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido la gestión del gobierno, asegurando que no se han dejado de lado las obras de infraestructura esenciales, sino que se están buscando nuevas formas de financiamiento y ejecución en colaboración con las provincias. Sin embargo, algunos gobernadores han expresado su frustración, indicando que muchas obras han quedado paralizadas desde el inicio de la nueva administración.
A pesar de que el gobierno ha tratado de llegar a acuerdos con los mandatarios provinciales para retomar las obras en marcha, solo tres de los gobernadores opositores, de los 24 en total, no han firmado convenios para continuar con proyectos estratégicos. Esto refleja un panorama complejo en el que los desafíos políticos y administrativos se entrelazan con las necesidades de infraestructura del país.
La situación ha suscitado un debate sobre la efectividad de las políticas de infraestructura en el contexto actual y la necesidad de un enfoque más colaborativo que aproveche los recursos disponibles para avanzar en el desarrollo de obras esenciales para la población. Con el tiempo corriendo, la presión sobre el gobierno para demostrar resultados en este ámbito se intensifica.